Las reglas del juego

El poder ejecutivo integra dos funciones: gobierno y acción administrativa. La Administración está subordinada a la acción política de aquel y es su instrumento para desarrollar su programa bajo los principios de objetividad e imparcialidad, entre otros. En nuestro sistema, coexisten “administraciones públicas” de carácter territorial y no territorial, creadas con arreglo a derecho y sometidas a él. Pueden actuar con “discrecionalidad” que implica una valoración del interés público y supone una elección entre diferentes posibilidades adecuadas a la ley; a veces, surge de remisiones a juicios técnicos o científicos. Están prohibidas las decisiones que supongan una infracción del principio de igualdad de trato de los administrados ante la aplicación de la ley (arbitrariedad).

Toda esta complejidad sólo se puede sostener desde el sometimiento a las reglas de juego definidas y que se van cambiando a través de cauces democráticos establecidos: el ordenamiento jurídico y si bien se ha apoderado de los parlamentos y gobiernos un furor normativo con disposiciones de baja calidad técnica incluso contradictorias entre sí que deterioran el estado de derecho, si las reglas de juego no se respetan, la sociedad entra en estado de confusión: unos a otros se acusarán de hacer trampas, todos se frustrarán, se instalará la desconfianza y el juego se romperá.

La tergiversación de esas reglas de juego, la aceptación social, empresarial y profesional ante los excesos políticos, hasta normalizar actuaciones que vulneran el marco jurídico, el desorden normativo, la absorción de la Administración por los partidos políticos, la confusión entre competencias, la arbitrariedad, la vulneración de la “confianza legítima”… generan un clima de inseguridad que afecta negativamente en nuestro ámbito en concreto, al estímulo empresarial y al acceso de los ciudadanos a la innovación en tratamientos.

Mª de las Mercedes Pastor.
Alumna Máster ARAS II Barcelona
Perfil en LinkedIn